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Las Administraciones Públicas disponen de

grandes medios informáticos y telemáticos

pero más bien se dirigen a acumular

información que a facilitar esa

comunicación.

Como primera necesidad se expresa una

vez más la obligación que tiene la

Administración de resolver de forma

expresa y en plazo las peticiones que los

ciudadanos le formulen. Su incumplimiento,

por deseo o por olvido, destruye esa

relación; lo lleva a la desconfianza y a la

confusión.

Son muchas e importantes las reformas

estructurales realizadas por aquellos

Entes para facilitar la presentación de

documentos y para comunicar sus

registros; sin embargo, faltan los medios de

canalización de la información recíproca

-orientada al ciudadano- y los

instrumentos de responsabilidad por no

prestarse la cooperación necesaria y la

asistencia recíproca.

Es necesario justificar aún, a principios

del siglo XXI, la mayor presencia de

instrumentos de comunicación ya

constatados en el tráfico jurídico privado por

medios electrónicos, informáticos y

telemáticos. Entre ellos, el uso de la firma

electrónica y el reconocimiento de las

entidades prestadoras de servicios de

certificación, sin menoscabo de la

autenticidad del documento y de la

recepción por el interesado.