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Todavía está por confirmarse la sostenibilidad de la recuperación económica, apuntada por responsables gubernamentales y puesta de manifiesto en los resultados de las grandes empresas españolas. Bancos, eléctricas y compañías de telecomunicaciones parecen haber superado la crisis, pero millones de españoles continúan sufriendo los ajustes presupuestarios, el desempleo y la jibarización de nuestro producto interior bruto.
El fracaso en términos de bienestar de las políticas convencionales ensayadas durante los últimos años anima iniciativas heterodoxas, nostálgicas vueltas a modelos aún menos exitosos (creación de bancos públicos, moratorias turísticas, insinuaciones sobre incumplimientos contractuales...). Corremos el riesgo de incurrir en viejos errores para conseguir presentes defectos, justo en un momento en el que los inversores reclaman predecibilidad.
¿Cuál es a mi juicio el punto de equilibrio de la correcta intervención administrativa en la economía? Aquel que respeta los derechos afectados y al tiempo consigue resultados positivos en clave social. Las medidas idóneas protegen la libertad y simultáneamente mantienen la cohesión, evitando el crecimiento de la desigualdad (el índice de Gini es uno de los indicadores más preocupantes de la evolución reciente de la economía española).