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Los municipios, en tanto que se configuran como entes capaces de contratar trabajadores por cuenta ajena o, en su defecto, pueden concertar servicios con distintas mercantiles, están obligadas a conocer y cumplir las diferentes obligaciones que le afectan en materia de prevención de riesgos laborales. Podría afirmarse que, en el ámbito obligacional, los ayuntamientos son consideradas como unas "empresas" susceptibles de ser sujeto de los deberes preventivos respecto de sus empleados.
La presente obra tiene un doble objetivo, por un lado desarrollar una vocación divulgativa que sirva de apoyo en sus decisiones, tanto a responsables políticos como a técnicos de personal de los ayuntamientos no especialistas en la materia pero que, en condiciones normales, pueden ser miembros del Comité de Seguridad y Salud del ayuntamiento y, por otro, argumentar de forma sencilla, pero con fundamentos jurídico-técnicos, cuestiones que pudieran suscitarse en los departamentos de
personal para el cumplimiento adecuado de las obligaciones preventivas.
Por todo ello se propone, mediante la formulación de cuestiones de carácter genérico sobre prevención de riesgos laborales, la procedente contestación a situaciones que pudieran presentarse en la cotidianeidad municipal según la estructura que propone la propia LPRL:
1º. Delimitación de una serie de aspectos básicos sobre la seguridad y salud laboral en el ámbito consistorial.
2º. Exposición básica de las distintas obligaciones generales de seguridad que se le demandan a las entidades locales como contratantes de trabajadores así como una efectiva implantación del sistema de gestión de la preventiva municipal.
3º. Determinación de actuaciones procedentes frente a deberes preventivos específicos en relación a lo previsto en el capítulo III LPRL.
4º. Establecimiento de posibles responsabilidades derivadas de incumplimiento de los deberes preventivos.