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En noviembre del 2015, la mayor empresa de energías renovables de España, Abengoa, presentó preconcurso de acreedores en los juzgados de Sevilla. Cuando España ya hacía casi dos años que había dejado atrás, técnicamente hablando, la recesión y apenas un mes antes de que se celebraran las elecciones generales, el grupo de empresas controlado por la familia Benjumea, que daba empleo a casi 28.000 personas en todo el mundo, pidió el amparo judicial para negociar un pacto con sus acreedores al ser incapaz de pagar sus deudas. Debía en aquel momento la friolera de 25.000 millones de euros.

¿Qué había pasado para que un gigante del Ibex 35 se viera contra las cuerdas? Durante los diez años anteriores a su quiebra, la ingeniería sevillana se convirtió en un gigante de las energías renovables gracias a una expansión desmedida basada en los contactos políticos, un endeudamiento desaforado y una agresiva expansión internacional. Nada que no hubieran hecho centenares o miles de empresas en España durante los años del largo periodo de crecimiento que precedió a la denominada Gran Recesión. Pero lo que hace especial el caso de Abengoa es el grado que alcanzó el desastre ante la pasividad, una vez más, de las autoridades políticas, la CNMV y los auditores, que nunca vieron o quisieron ver lo que estaba pasando.