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En los últimos treinta años, gracias a la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han ido gestando unos estándares mínimos de derechos y libertades, con los que se ha tratado de garantizar la protección integral de individuo con independencia de su orientación sexual: tanto en su esfera íntima (privada y familiar), como en la esfera púbica, en el ámbito político y social, donde, en definitiva, se construye su identidad. Todo ello, sin embargo, no ha sido un proceso pacífico ni fácil. Las conquistas de derechos, así como su protección, se han desarrollado en un escenario caracterizado por una cierta confrontación entre los Estados -cada vez más celosos de su soberanía- y los tribunales internacionales, garantes de la ortodoxa interpretación de los derechos y libertades contenidos en los convenios. Esta circunstancia nos lleva a preguntarnos: ¿qué mecanismos han empleado los jueces supranacionales en la práctica para limitar el poder de las autoridades estatales? Y ¿hasta qué punto están legitimados para ello? Para poder responder a estas cuestiones, nos proponemos analizar los hitos o leading cases que han constituido piezas clave en el reconocimiento del estatuto jurídico del ciudadano homosexual y de las familias homoparentales, en ambos continentes.
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