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Uno de los aspectos de mayor impacto y trascendencia en el sistema procesal penal acusatorio mexicano es la prueba como tema central en el proceso, regulada bajo los principios de la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, así como la trascendencia de la delimitación de su objeto, función y tema, la distinción de los datos, los medios y la prueba en sí misma.
En base al principio de libertad probatoria, la prueba debe ser obtenida libremente, pero siempre de manera legal, pues de no ser así será deslegitimizada la total independencia e imparcialidad del juzgador, a quien le corresponde decidir con base en las pruebas aportadas en un plano de paridad, sobre la base de la presunción de inocencia del imputado, el respeto a los derechos fundamentales y la exclusión de la prueba ilícita como soporte de un nuevo paradigma en el sistema procesal.
La implementación del esquema de libre valoración de la prueba que deja atrás al sistema tasado, otorga discrecionalidad al órgano jurisdiccional a efecto de asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, a través de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, pero siempre con la justificación de su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.