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En la presente obra pretendemos mostrar el alcance de la Ley 10/2015, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial como norma que supera la tradicional visión conservacionista y estática del patrimonio cultural. La Ley permite identificar ciertas notas que singularizan los bienes que integran este patrimonio, y entre ellas la intervención de unos sujetos, los que ocupan la posición de «comunidad portadora de la tradición», para los cuales se establece un régimen singular en contestación a la demanda social de mayores espacios de participación para expresar su identidad cultural, muy coherente con la evolución del reconocimiento constitucional de Estado social. También detenemos la atención en la salvaguardia del patrimonio inmaterial como acción general exigible a todos poderes públicos, poniendo el acento en las técnicas que la Ley señala para hacer efectiva la tutela de estos bienes, y en concreto en las dificultades que genera la fijación de reglas de atribución de la competencia en favor de la Administración General del Estado para la declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ésta medida se erige en pieza clave de la Ley, y a buen seguro en una de las más conflictivas y a su vez innecesaria de cuantas pueden aplicarse.