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En los últimos años, fundamentalmente a partir de la Constitución, el legislador, los tribunales y la doctrina han ido rodeando el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración de una serie de principios y garantías, algunos de los cuales han sido finalmente positivizados en el título IX de la Ley 30/1992. Sin embargo, el gran camino recorrido en el ámbito de las infracciones y sanciones administrativas nos ha servido para ver lo mucho que aún queda por hacer. Un ejemplo claro lo constituye el principio de culpabilidad, poco conocido y, por ello, no siempre aplicado, a pesar de su gran trascendencia, pues determina la propia existencia de la infracción administrativa. El propósito de la presente obra es, precisamente, destacar la importancia de este principio para un correcto ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, y profundizar en su estudio. Para ello, se analizan y exponen de forma pormenorizada la doctrina del Tribunal Constitucional y la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo referida al principio de culpabilidad y a sus efectos.

Del análisis de la doctrina constitucional resulta que el contenido del principio, tal como ha sido constitucionalizado, abarca la exigencia de dolo o culpa y el principio de personalidad de las sanciones. A su vez el principio de culpabilidad es parte del derecho a ser presumido inocente que reconoce el artículo 24.2 de la Constitución. La presunción de inocencia alcanza a la prueba de la realización dolosa o culposa de los hechos imputados, de modo que la vulneración de este principio abre las puertas del recurso de amparo. En este sentido se comentan en la obra numerosas sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo.

En definiva, estamos ante un estudio de gran trascedencia para el Derecho Administrativo Sancionador, al poner de relieve que la infracción administrativa requiere, en todo caso, la concurrencia del elemento subjetivo de la culpa o el dolo.