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La protección de la seguridad, la salud, el medio ambiente y los derechos de los consumidores exige, a las puertas del siglo XXI, una eficaz inspección administrativa -un Estado vigilante- para que gracias a su intervención podamos descansar todos los ciudadanos. En la llamada " sociedad de la información " , la actividad informativa estatal de acopio de datos cobra creciente importancia, para prevenir riesgos y velar por la realización de las leyes. Porque la ejecución de la ley obliga a la vigilancia de su cumplimiento, al control de las conductas infractoras y desviadas del Derecho.

Es necesario, sin embargo, edificar un sistema de garantías que equilibre la potestad administrativa de inspección. Por ello la presente obra se dedica a analizar los principios que deben presidir su ejercicio (legalidad-juridicidad, reserva de ley, respeto de los derechos fundamentales, eficacia y proporcionalidad), la organización del aparato inspector (en forma pública, privada o de autoinspección), el procedimiento de inspección (con los derechos y deberes de los interesados y del órgano competente), la protección jurisdiccional frente a la presunción de veracidad de las actas de inspección y las responsabilidades administrativas in vigilando.