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La Constitución ha dispensado a los miembros del Gobierno un estatuto procesal-penal específico y sustancialmente diferenciado, cuando se trata de imputar a tales sujetos -en el ejercicio de sus funciones- delitos de traición o contra la seguridad del Estado, del que prevén las reglas de Derecho común. Similares especialidades, cuando no mayores excepciones, vienen expresamente contenidas en la mayoría de las Constituciones de los países democráticos de nuestro entorno. Tales previsiones se han justificado, fundamentalmente, en la necesidad de establecer mecanismos constitucionales que eviten peligros que puedan cernirse dobre la estabilidad del Gobierno y sobre el ejercicio de sus funciones, y que contribuyan a garantizar el más exquisito respeto al principio de separación de poderes en el que sustenta el Estado constitucional. En nuestro ordenamiento, la amplia problemática juridíca que, tanto en sede teórica como práctica, plantea la aplicación de los mandatos contenidos en el artículo 102 de la Constitución requiere, frente a la ausencia de dearrollo normativo expreso, respuestas y alternativas. Tales cuestiones constituyen el objeto de la presente obra.