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Las exigencias de la protección medioambiental cada vez se manifiestan con mayor urgencia. El Derecho trata de responder a ellas en la medida de sus capacidades, pero también con todas sus insuficiencias. Desde hace tiempo, desde diversas ramas jurídicas se ha tratado de perfeccionar esa respuesta, aunque con una eficacia bastante limitada, que plantea la necesidad de un significativo perfeccionamiento normativo. Todo ello se agrava si nos situamos en el ámbito de las infracciones más relevantes, en las que el Derecho Penal debe ser aplicado. Los cauces procesales para hacer efectiva esa aplicación ofrecen notorias dificultades, especialmente en el ámbito probatorio, teniendo en cuenta además la ancianidad de la más importante norma procesal penal.
Las características específicas de las más graves infracciones ambientales hacen que sea determinante la recolección de fuentes de prueba, con las suficientes garantías, pero también con la suficiente información útil para la investigación de tales delitos y, en último término, para contribuir al ulterior debate probatorio. Somos conscientes de que la aplicación de las tecnologías digitales puede ayudar a superar algunos de los obstáculos propios de la investigación de este tipo de delincuencia. Para ello es preciso analizar los distintos elementos implicados y tratar de encauzar las ventajas de su utilización, con el imprescindible respeto a las garantías constitucionales y procesales que puedan verse afectadas. Con ello se abre un sustancioso debate, del que se da cuenta en las páginas que integran esta obra colectiva, la cual ha podido ver la luz gracias a la inestimable ayuda de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez.