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La aprobación, por parte de las Naciones Unidas, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, supuso un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad, al enfocarlo como un ejercicio de derechos humanos jurídicamente vinculante para los diferentes Estados parte. Este tratado comenzó a desplegar efectos en España el 3 de mayo de 2008, dando pie al proceso de adecuación del ordenamiento jurídico interno, proceso en el que Navarra también se ha visto inmersa en virtud del artículo 58.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA), en virtud de la cual corresponde a Navarra la ejecución, dentro de su territorio, de los Tratados y Convenios Internacionales que afecten a sus competencias. La exhaustiva investigación impulsada colaborativamente por el Parlamento de Navarra, el CERMI Navarra y la Universidad Pública de Navarra, con el apoyo del Gobierno de Navarra, que ahora se presenta como publicación, tiene como objetivo analizar el impacto de la Convención Internacional sobre