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El Régimen económico del personal de las Administraciones publicas es materia compleja, extensa y difícil de abarcar en su totalidad, ya que comprende no solo cuestiones retributivas, sino también multitud de temas conexionados con ellos, tales como gasto público, organización, presupuestos, negociación colectiva, seguridad social, IRPF, valoración de puestos, RPT, que confluyen e influyen en el régimen económico, lo cuantifican en concreto y matizan su aplicación. Todas ellas tienen entidad y regulación propia, caracterizada por su minuciosidad, detalle y precisión. Además han de ser aplicadas en un contexto de frecuentes insatisfacciones, reclamaciones e, incluso, judicialización. En resumen, se trata de materias muy técnicas, cuya aplicación correcta y conjunta es esencial.
Respecto del régimen retributivo funcionarial, se describe el gran modelo la LMRFP, en torno al cual se cimenta la unidad retributiva del personal funcionario de todas las Administraciones. Pero esta unidad permite un margen de autonomía a estas para completar sus propios sistemas. Por ello se hace un análisis individualizado de una serie o variedad de ellos. El ejemplo mas claro lo constituyen las Comunidades Autónomas, que han generado en sus leyes de función pública siguiendo muy de cerca el modelo de la LMRFP, pero que han realizado un desarrollo reglamentario diverso de las retribuciones complementarias, que les da interés propio y hace útil su análisis particular.
Además, el modelo de la LMRFP tiene peculiaridades para diversos colectivos, generando sistemas diferentes que han de ser estudiados al menos de forma esquemática (personal docente, personal en el extranjero...). Finalmente el sistema no comprende en su ámbito a todo el personal publico, sino que existen otros modelos fuera del mismo (militares de carrera, personal judicial, etc.), aunque bajo la impronta y la inspiración general de la LMRFP. También estos sistemas son objeto de atención.
El salario del personal laboral tiene su inspiración en el convenio colectivo, lo que supone la existencia de tantos sistemas como convenios. Se analizan los principales de estos y, además, un conjunto de materias de derecho necesario, tales como las garantías del pago del salario (momento, lugar y medio del pago, facilidades, puntualidad, interés de mora), la reclamación judicial de salarios, etc. Materias que dada la escasez de estudios en el sector publico, dan a esta obra un particular relieve.
Se estudia de forma omnicomprensiva la materia económica, desde un ángulo sustancialmente jurídico y se hace organizando el estudio en dos ámbitos o contenidos: capítulos y anexos. El capítulo contiene la explicación, de la materia correspondiente, realizada de forma sencilla y asequible. Junto a los capítulos, en anexo, se acompaña una amplia legislación sobre las materias estudiadas en ellos. Esta organización permite mantener el rigor y exactitud jurídica, sin someter el texto de los capítulos a una incesante cita legal. Ello hace menos farragosa la obra, aunque perfectamente manejable.
La legislación de los Anexos ha sido expurgada de forma que solo se incorpora la útil, es decir, la en vigor, extractada desde un punto de vista practico y atendiendo a su carácter complementario al texto de cada capítulo. En efecto, siendo inmenso e inabarcable el campo legislativo y reglamentario de las 18 Administraciones con poder legislativo, se procura transcribir la legislación básica y general en todo caso, y preferentemente la del Estado, además de otra normativa de carácter reglamentario, que se considera significativa o relevante.
La obra ha sido pensada para unos destinatarios muy concretos, en su interés y para su utilidad. Estos son el personal de las Administraciones, tanto funcionarios como laborales, para quienes el tema profesional mas importante es sin duda el de su régimen económico y todo lo relacionado con el mismo. Y, particularmente, los gestores que puedan encontrar en ella una ayuda útil para la gestión de su trabajo habitual.
