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La doctrina habitualmente afirma que no se respeta el principio de proporcionalidad en el Derecho penal o que la pena prevista para un delito determinado es desproporcionada. Sin embargo, el principio de proporcionalidad, de raigambre ancestral, no tiene un contenido claro. En parte, ello se debe a que su existencia se dibuja a raíz de otras previsiones constitucionales, sin que haya una previsión expresa pese a su consolidada trascendencia y a su carácter constitucional. Esta obra pretende dar contenido al principio de proporcionalidad en el Derecho penal y clarificar sus distintos elementos. En particular, se centra en dibujar los caracteres del principio de proporcionalidad entre delitos y penas, teniendo por cometido determinar cuál es su origen, quiénes se encuentran vinculados por él, cuáles son y cuáles deberían ser los elementos que lo integran, cuál es el nivel de protección que garantiza, y si configura un máximo o también un mínimo de protección. En la obra se plantea una visión rupturista con la hasta ahora defendida por la doctrina española, proponiendo la supresión de la medición de los fines de la pena de la determinación de su cuantía, al considerar que es poco garantista mantenerlos en la medición.
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