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El Juez Constitucional, sea que se trate de un Tribunal Constitucional especializado o de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de un país, tiene como misión esencial el garantizar la vigencia de la Constitución, y con ello, la vigencia del Estado democrático de derecho; asegurar el derecho del pueblo a ser gobernado por sus representantes electos mediante sufragio; preservar el funcionamiento del Estado bajo el principio de la separación de poderes, y velar porque todos los órganos del Estado acaten la Constitución.Bajo ese ángulo, por tanto, es inconcebible que un Juez Constitucional pueda tener como misión la de demoler el Estado de derecho y, con ello, destruir las bases del sistema democrático representativo y participativo. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela a partir de 1999, y durante los últimos 20 años (1999-2018), cuando el Juez Constitucional se convirtió en el más importante y perverso instrumento utilizado por el régimen autoritario que asaltó el
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