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La función de administrar justicia constituye una actividad compleja, en la que no sólo se encuentran implicados los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, sino que también resultan imprescindibles otros profesionales, como los abogados y procuradores, pese a no ejercer dicha función en términos estrictos. Éstos, como colaboradores de la Administración de Justicia ocupan una posición de trascendencia pública, en la medida en que colaboran en el desarrollo del proceso y, una posición privada, en sus relaciones con el cliente.
La precisa delimitación de cada una de esas dimensiones de la profesión de abogado y procurador es esencial a la vista de que el delito de prevaricación del que éstos pueden ser autores sólo contempla la afección al proceso, de modo que el resto de perjuicios que pueda sufrir el particular víctima de tal tipo de conductas sólo podrán tomarse en consideración por la normativa deontológica o la civil por incumplimiento contractual.

Con esta obra se pretende ante todo delimitar el ámbito de la responsabilidad penal de la administrativa y disciplinaria, analizando el tipo penal del artículo 467 del Código Penal que es el que más controversia ha generado a propósito de esta doble dimensión. Así mismo, el lector encontrará en esta obra respuesta al constante problema de delimitación entre éste y otros tipos penales, que se ilustra con abundante jurisprudencia con la que se pretende ofrecer un instrumento que sea de especial utilidad para estos profesionales.