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La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado representa un intento más de luchar contra la corrupción pública, esta vez desde la óptica administrativa, a diferencia de la tutela típica y tradicional que ha venido dispensando el orden penal. Representa el hito normativo más reciente a nivel estatal para la introducción de los principios éticos en la actividad pública, avanzando el desarrollo que este campo alcanzará en los próximos años, de una forma semejante a lo que ocurrió con las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la actividad administrativa, la Administración electrónica o la calidad de los servicios durante la década de los 90.
El estudio de la nueva normativa, realizado desde una óptica netamente jurídica, se centra en los aspectos positivos del régimen, y aporta los antecedentes normativos, un análisis comparado de los modelos autonómicos y locales, y una exposición práctica de la experiencia en la aplicación de los precedentes legislativos. La riqueza y variedad de las fuentes empleadas en su elaboración convierten esta obra, sin duda, en una referencia de consulta indispensable para conocer de primera mano aspectos esenciales del status jurídico de los altos cargos en nuestro país.
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