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Esta obra pone de manifiesto la importancia de la norma penal a la hora de proteger el medio ambiente.

El debate sobre la idoneidad del Derecho penal ha alcanzado en los últimos años un gran protagonismo como instrumento para hacer frente a los problemas que se derivan de lo que se denomina "sociedad de riesgo"; problemas provocados por el desarrollo de las sociedades industrializadas en las que vivimos.

En este contexto, el riesgo, potencialmente presente o efectivamente creado y convertido en daño, es el fundamento mismo de la responsabilidad.

Se pretende construir, así, una política criminal con un claro carácter reformista, dirigida a la sanción penal de violaciones de intereses supraindividuales en materia de urbanismo, de salud pública, de fraudes alimentarios, de tutela del medio ambiente. Sin embargo, el principio de intervención mínima que debe regir en las normas penales, obliga a que sólo se tipifiquen las conductas que, de modo intencional o culposo, produzcan resultados gravemente lesivos para el orden social; el legislador debe ponerse en guardia frente a una excesiva incriminación también en la tutela de intereses de grupo, pues de lo contrario perdería en buena medida su efecto.

En este equilibrio se mueve el estudio de los temas tratados, entre el principio de intervención mínima y el nuevo concepto de sociedad de riesgo como sociedad moderna.