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La publicación en el Boletín Oficial del Estado del pasado 15 de diciembre de 2006, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, constituye una de las novedades legislativas más importantes y con más repercusión de los últimos tiempos. La razón de que esta norma haya generado tantas expectativas es sin duda la conciencia social de la necesidad de disponer de mecanismos jurídicos que permitan proteger a los ciudadanos dependientes: mayores y discapacitados. En efecto, las demandas de protección pública son cada vez mayores y no todas ellas encuentran respuesta en las prestaciones incluidas en nuestro sistema de Seguridad Social.





En consecuencia, el objeto del trabajo que presentamos es el estudio de la situación en la que se encuentra en la actualidad la protección pública para situaciones que generan dependencia en el desarrollo de la vida cotidiana y la búsqueda de propuestas legislativas que den una respuesta adecuada a los problemas planteados. Para ello hemos creído necesario articular nuestro proyecto desde una doble perspectiva: la que otorga la fiscalidad y la que nos ofrece el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La conveniencia de un estudio conjunto es de enorme importancia puesto que las principales medidas jurídicas a adoptar deben provenir de ambos sectores.