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La presente obra contiene unos pormenorizados comentarios, así como una amplia, cuidada y actualizada selección de jurisprudencia, de todos y cada uno de los preceptos que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la regulación del "Proceso de ejecución" (artículos 517 a 720), que se analizan desde una perspectiva eminentemente práctica, dirigida a los profesionales del Derecho.


Como es sabido, la potestad jurisdiccional no sólo consiste en juzgar, sino también en ejecutar lo juzgado; y consciente de esta doble dimensión legal y constitucional de la ejecución forzosa en materia civil, se nos ofrece aquí una visión que, además de analizar con detenimiento y rigor los diferentes principios y trámites que conforman dicho proceso de ejecución en la Ley, se completa con la exposición de la doctrina constitucional vertida a propósito del alcance y efectos del derecho fundamental a la ejecución en sus propios términos. Se trata, pues, de una obra que ambiciona analizar con exhaustividad la totalidad del proceso de ejecución civil, tanto la ejecución dineraria como la no dineraria, y desde los inicios del proceso (con el examen de los distintos títulos ejecutivos, de la demanda ejecutiva y del despacho de ejecución) y su desarrollo (con el análisis de las modalidades de oposición del ejecutado, del embargo de sus bienes o del régimen de las tercerías), hasta su terminación (con la completa satisfacción de la pretensión del ejecutante).


En esta nueva edición, además de la actualización y puesta al día de las materias tratadas, destaca la incorporación de formularios y de una exhaustiva recopilación de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales, habida en torno a la variada problemática que plantea el desarrollo del proceso civil de ejecución.


Su autor, que ya ha abordado en anteriores publicaciones el análisis global de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, es jurista experimentado y de reconocida solvencia. En la actualidad es Catedrático de Derecho Procesal, habiendo ocupado también con anterioridad los cargos de Letrado del Tribunal Constitucional y de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.