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La Constitución de la Monarquía española de 23 de mayo de 1845 estuvo llamada a presidir la mayor parte del reinado personal de Isabel II. Inspirada por el partido Moderado y promovida por el primer Ministerio Narváez, supuso, tras la primera guerra civil carlista y la revolución progresista de 1836-37, la consolidación en España del Estado constitucional y, en su marco, de la sociedad liberal. Planteó un modelo de forma de gobierno, la Monarquía constitucional de inspiración liberal-doctrinaria, que en muchas de sus claves esenciales había de trascender en el plano temporal a su estricta vigencia como ley fundamental. Sobre la base de una pretendida Constitución histórica de estructura dual, trató de articular el edificio político sobre una fórmula de equilibrio Corona-Cortes, materializadora de una prudente transacción entre el tradicional principio monárquico y el representativo de unas reactualizadas Cortes, y símbolo del deseo de hermanar el orden con la libertad. En esta perspectiva, y en su proceso de formación, se desgranaría una de las más ricas reflexiones de nuestro liberalismo conservador sobre los desafíos planteados por el balance transaccional de un tiempo posrevolucionario, y en torno al problema de asegurar a la Monarquía isabelina una alta capacidad integradora.