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La inmunidad de jurisdicción que han disfrutado tradicionalmente los Jefes de Estado frente a las acciones penales emprendidas contra ellos ante tribunales extranjeros está siendo puesta en tela de juicio, al hilo de recientes acontecimientos, por la opinión pública y por los medios de comunicación, que perciben este privilegio como un salvoconducto para la impunidad de tan altos mandatarios. Además, y como no podía ser de otra forma, el debate acerca del alcance de este derecho ha llegado al ámbito académico e, incluso, se ha planteado en los tribunales de determinados Estados, entre ellos los españoles, debido a la incertidumbre que suscita su actual regulación jurídica, en pleno proceso de evolución como consecuencia del proceso de erosión sufrido por el propio concepto de soberanía estatal, en la que encuentra su fundamento, y de las transformaciones experimentadas por otros sectores del Derecho internacional, destacando a este respecto los avances impulsados en el Derecho internacional de los derechos humanos y en el Derecho internacional penal, con objeto de evitar, o al menos de sancionar convenientemente, los más graves crímenes internacionales.


En este trabajo, que por su carácter interdisciplinar interesará a estudiosos del Derecho internacional, del Derecho penal y del Derecho procesal, no solo se abordan los aspectos teóricos de la cuestión, sino que también se examinan multitud de supuestos de la práctica en los que la Audiencia Nacional española y distintos tribunales extranjeros se han pronunciado acerca de querellas presentadas contra Jefes de Estado en ejercicio o que ya han abandonado el cargo, en muchos casos acusados de haber cometido graves crímenes contra la humanidad, de los que sin, duda, el más conocido es el procedimiento judicial intentado contra el antiguo presidente chileno, Augusto Pinochet, en España y la consiguiente solicitud de extradición al Reino Unido, donde se encontraba detenido.