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La responsabilidad penal de las personas jurídicas constituye uno de los aspectos más relevantes de la política criminal actual. El poder económico de las corporaciones y su capacidad para lesionar los intereses más básicos de la sociedad exigen como contrapartida que sean sancionadas eficazmente. No es extraño por ello que la responsabilidad colectiva sea uno de los ejes de la política criminal de la UE, y que se exija en la mayor parte de los Convenios internacionales de los últimos años. El legislador español desde 1995 intenta buscar un modelo de responsabilidad penal, con el fin de cumplir con estas obligaciones internacionales. No puede decirse, sin embargo, que hasta el momento haya tenido éxito. Tanto el art. 129 del CP, como el art. 31.2 del CP constituyen rotundos fracasos, como ha puesto de manifiesto su escasa relevancia práctica. Ante esta situación, la obra que ahora tiene en sus manos propone un modelo de responsabilidad penal, que persigue el que las empresas consideren que es parte de la responsabilidad social corporativa cooperar con los poderes públicos con el fin de prevenir y, en su caso, descubrir los hechos delictivos que puedan surgir en el ejercicio de su actividad. Esta propuesta, que se concreta en la necesidad de que las empresas cuenten con Códigos de prevención, resulta cercana a la que contempla el reciente Proyecto de reforma del Código penal (art. 31 bis), que establece una importante atenuación de la pena para aquellas empresas que dispongan con estos fines de un adecuado sistema de regulación interna. La obra dedica un extenso capítulo a determinar las características de estos Códigos de prevención, acercándose a la rica experiencia norteamericana de los compliance programs.