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La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal es un botón de muestra del proceso de codificación que el estado español llevó a cabo a lo largo del siglo XIX, momento histórico en el que se sientan las bases de la estructura y funcionamiento de la organización política liberal y constitucional que subsiste hasta nuestros días. Cobra especial importancia en este contexto el hecho de que la codifi cación del derecho procesal penal tenga fuertes vínculos con la perspectiva constitucional que inspira las reformas legislativas de ese siglo. Esta ley, que se publica en 1882 y está todavía hoy en vigor, es el fruto de varias preocupaciones que confl uyen en dicho texto. La primera, sin lugar a dudas, es la de desterrar de una vez por todas, los esquemas inquisitoriales previos que atenazaban el desarrollo del derecho procesal penal. La segunda viene determinada por la necesidad de contar con un instrumento procesal y penal completamente nuevo y de gran rigor técnico. En tercer lugar, se trata de lograr una efectiva igualdad entre las partes que posibilite un adecuado proceso. La labor de proporcionar en euskera una versión de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal pasa necesariamente por preguntarse por las caracteristícas lingüísticas de un lenguaje especializado como el jurídico que además presenta en este caso, como es frecuente en el mundo del derecho, textos que proceden de diferentes épocas y estilos. En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha decir que, como consecuencia de las sucesivas reformas, sobre el fondo decimonónico de su lenguaje, aparecen otra serie de textos de más reciente factura. Desde esta perspectiva, el tratamiento específíco que los textos juridícos reciben radica en lo que se refiere al lenguaje procesal penal en una adecuada versión en euskera de la terminología utilizada, que cubra tanto lo referente al proceso en sí como a los tribunales donde ocurre y los actores de los mismos. Ni qué decir tiene que los criterios establecidos en esta colección de textos bilingües han sido tenidos en cuenta, a la hora de garantizar como parámetros fundamentales del texto en euskera, la seguridad juridíca, la equivalencia funcional entre ambos textos y la accesibilidad para quien la utilice.