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El desequilibrio notorio entre víctima y victimario en el proceso penal está tratando de ser superado en los últimos años, en un proceso evolutivo irreversible. Como una de las derivaciones de este nuevo reconocimiento del protagonismo de la víctima en el proceso penal se ha consagrado un derecho a la protección, para neutralizar durante la tramitación del proceso el riesgo de represalias o de reiteración de actos violentos. Esta consagración ha tenido lugar a través de varias vías, entre las que deben destacarse la regulación de la orden de alejamiento para víctimas en general y la introducción de la orden de protección para víctimas de violencia doméstica. La importancia de las medidas analizadas deriva de que en determinados ámbitos de la criminalidad el establecimiento de una adecuada protección de la víctima desde la fase inicial del proceso penal es esencial. El enorme número de órdenes de alejamiento y de protección tramitadas en los últimos años en nuestros Juzgados y puesto de relieve en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ bastan para acreditar la trascendencia práctica de la materia.


La reciente (y un tanto caótica) introducción de estas medidas exige un análisis reposado para tratar de aprehender su naturaleza y sobre todo, los principios que deben presidir su exégesis, así como una desapasionada reflexión superadora de prejuicios, lugares comunes y planteamientos demagógicos, riesgos todos ellos latentes en esta materia.


La obra pretende ayudar a esclarecer la esencia de estas medidas, decantar los principios que pueden orientar las tareas interpretativas proporcionando asideros cimentados sobre los pilares de los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia para en medio de la vorágine legislativa generar pautas interpretativas homogéneas para solucionar los numerosos problemas que la praxis va poniendo de manifiesto.


Importancia capital se ha dado al análisis jurisprudencial, estudiando los contados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la materia e indagando y tratando de sistematizar la abundante y dispersa doctrina de la denominada jurisprudencia menor. Igualmente se ha investigado la doctrina emanada de la Fiscalía General del Estado, manifestada no solamente en las abundantes Circulares, Instrucciones y Consultas que inciden directamente en el objeto de la investigación, sino también en los comentarios y análisis contenidos en sus Memorias, fundamentalmente a partir de 1998, que se constituyen en una fuente de gran relevancia para conocer los problemas prácticos que se plantean. También se ha analizado lo que podría calificarse como una peculiar fuente en esta materia: los protocolos de alcance general para la implantación de la orden de protección, habiéndose aprobado hasta la fecha varios protocolos de trascendencia práctica indiscutible. Igualmente han sido tenidas muy en cuentas las conclusiones alcanzadas en las Jornadas o Reuniones de Jueces, Magistrados y Fiscales, que pese a no tener lógicamente valor vinculante, puede afirmarse que poseen gran influencia en la praxis de nuestros Tribunales.