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La pertenencia a la UE determina, que tiene que haber una Política Criminal compartida en relación con un grupo importante de problemas, y eso en nada afecta a la soberanía (penal) estatal, sino que simplemente, y no es poco, obliga a ser coherentes con un compromiso común.
En el presente libro se reúnen trabajos de un nutrido grupo de penalistas académicos, convencidos de que es precisa una "política criminal compartida", que sin duda es algo mucho más profundo que la denominada "solidaridad penal internacional", que supone una nueva fase en esa evolución de las relaciones que para algunos debería culminar en un Código penal común, que por el momento vive en el estadio de las recomendaciones e indicaciones emanadas de la UE a través de sus Directivas y Decisiones.
El conjunto de trabajos que ofrece el presente volumen tiene un denominador común que alcanza tanto a los temas cuanto a la posición compartida desde la que sus autores los abordan, que no es otro que el convencimiento de la bondad de trabajar en pro de la consecución del, por otra parte, programado y prometido *Espacio de Eibertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea. La armonización del Derecho Penal, nadie lo discute, es una condición esencial para lograr ese territorio común que sufre problemas comunes y que tiene esperanzas y proyectos comunes.
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