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El acceso y la provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública, 2ª edición, es un instrumento de ayuda a quienes involucrados en recursos humanos buscan soluciones a los problemas que suscita esta delicada parcela de la gestión pública. Junto al casuismo que caracteriza a Membiela en esta serie de estudios, se complementa con fundamentaciones jurídicas, bien para motivar resoluciones administrativas que se dicten; bien para iniciar la vía de recurso y posterior contencioso-administrativo ante los tribunales.

Desde la 1ª edición en 2004, se han dictado numerosas normas que han modelado el acceso y la provisión. La obra recoge las previsiones de la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público, de conformidad a las Instrucciones de 5 de junio de 2007, dictadas por la Secretaria General de Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas. También el Real Decreto 255/2006, de 3 marzo, que Modifica el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995 y Resolución de 4 de diciembre de 2007 de la CECIR.
La LO 3/2007, de 22 marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y LO 14/2003 de reforma de las LO 8/2000 y 4/2000, que Regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El estudio recoge la Convención de NNUU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 diciembre 2006, ratificada por Instrumento de 23 noviembre 2007(BOE abril 2008) y su Protocolo Facultativo.
Tanto el acceso a la Administración Pública como su provisión, constituyen actos relevantes para los aspirantes en un caso y para los empleados públicos en otro. La defensa de la transparencia administrativa en el acceso, así como la aplicación de los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad en la segunda, fraguan la solidez de un Estado de Derecho.
Pero también, en lo que refiere a la provisión de puestos, confluyen otros intereses loables de la organización pública, como son la buena llevanza del servicio y la potestad de autoorganización que obligan a adoptar medidas que afectan a los empleados. Estas decisiones deberán ejecutarse con sensibilidad para que la eficiencia gestora no se vea afectada.