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Asistimos en la actualidad a una perversa utilización del Derecho penal por parte de la clase política en su conjunto. Tal fenómeno, verdadero populismo punitivo, implica un permanente recurso al Derecho penal para hacer frente a determinados problemas sociales caracterizados, con frecuencia, por su repercusión mediática. Y estas políticas populistas responden a una ideología antidemocrática que inexorablemente gana terreno sin encontrar apenas resistencia. El ya residual pensamiento de izquierdas parece resignado ante la promoción de la idea de la seguridad ciudadana a principio rector de todo el Derecho penal y de éste a principal elemento vertebrador de un determinado modelo de Estado cuya crisis abona la restricción de los derechos individuales. Los partidos políticos, en el poder o en la oposición, se empeñan en una irresponsable pugna por satisfacer las poco matizadas demandas populares y demostrar quienes son menos transigentes ente la delincuencia, si los decididamente reaccionarios o los pretendidamente progresistas. Han descubierto -todos-que el endurecimiento del Derecho penal se traduce en un semillero de votos y que, por el contrario, cualquier signo de benevolencia en dicho ámbito les puede pasar una elevada factura electoral. La peripecia reformadora del Derecho penal español, de adultos y de menores, es buena prueba de ello.