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La intensa evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente de Internet, en los últimos años ha supuesto la generalización de su empleo en todos los ámbitos de la sociedad. La sociedad actual se ha habituado a la utilización de las nuevas tecnologías en sus actividades cotidianas, convirtiéndose las mismas en herramientas indispensables para realizar casi cualquier actividad. Las Administraciones públicas españolas se han visto obligadas a adaptar su forma de relacionarse con los administrados, promoviendo la implantación de un nuevo modelo de administrar: la Administración pública electrónica.

Estas circunstancias han llevado al legislador español a promulgar, impulsado por las políticas comunitarias y nacionales desplegadas para la implantación de la Administración electrónica, una Ley básica y común que regula de forma unitaria el fenómeno de la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en la actuación administrativa: la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta Ley ha de considerarse, a todos los efectos, como la Ley de régimen jurídico de la Administración electrónica y del procedimiento administrativo electrónico común, siendo la equivalente electrónica de la Ley 30/1992, reguladora de la actividad administrativa tradicional.

A partir del 1 de enero de 2010, según la Ley 11/2007, se producirá la entrada en vigor efectiva y plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas para la realización de la totalidad de los procedimientos y actuaciones administrativas. La implantación de la Administración electrónica es una obligación legal y, en consecuencia, debería materializarse de inmediato.

El presente trabajo pretende poner de manifiesto las modulaciones que la utilización de las nuevas tecnologías ha producido en las Administraciones públicas, profundizando en el análisis jurídico de los principios rectores de la Administración electrónica y de los instrumentos necesarios para poder articular el nuevo modelo de administrar. La tecnología ha penetrado en el régimen jurídico de las Administraciones públicas y en el procedimiento administrativo común convirtiendo la Administración presencial en Administración electrónica.