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Con esta obra, lejos de planteamientos dogmáticos, el autor pretende abrir un nuevo debate sobre cuáles son las consecuencias jurídicas que puede plantear la dificultad de comprensión de los documentos administrativos dirigidos a los ciudadanos por razón del lenguaje utilizado. Para ello aporta una nueva visión sobre la eficacia comunicativa de la Administración Pública que puede explicar las causas de que las múltiples propuestas realizadas por la doctrina lingüística para la mejora y reforma del lenguaje administrativo no hayan calado aún en la práctica administrativa, planteando el enfrentamiento entre las necesidades de expresión precisa que conlleva para la Administración el principio de seguridad jurídica y el posible derecho del interesado en el procedimiento administrativo a entender el mensaje de la Administración sin que ello le suponga una carga adicional. Para ello analiza las principales características léxicas, gramaticales y formales del lenguaje utilizado por la Administración en sus documentos y su repercusión jurídica y, por otro lado, reflexiona sobre la influencia que el Derecho ejerce en la propia configuración de este lenguaje. En definitiva, una obra multidisciplinar que puede resultar de utilidad tanto a juristas como a filólogos y lingüistas en el progreso de sus investigaciones en esta materia, pero también al personal de la Administración Pública concienciado en ofrecer un servicio al ciudadano de calidad por las reflexiones, recomendaciones y modelos de documentos que contiene.