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Todos los días en nuestras carreteras se denuncian miles de infracciones de tráfico. De antemano se sabe, sin embargo, que muchas de esas denuncias se perderán en el camino y, por tanto, que buena parte de las infracciones cometidas quedará irremediablemente sin sanción. Entre otras razones por culpa de un procedimiento sancionador tan salpicado de trámites y formalidades que su conclusión sin ninguna tacha supone con frecuencia una auténtica carrera de obstáculos. Los infractotes (o sus abogados) saben muy bien de estas dificultades de la Administración y por eso, aunque saben también perfectamente de su culpa, no dudan en aprovecharlas. La Administración por su parte, que conoce también de sobra sus debilidades, reclama por lo común más medios y, en ocasiones también, la oportuna reforma legal que le ponga a salvo de los infractores hábiles. Buena prueba de esta curiosa historia son los significados problemas que plantea el cumplimiento del deber del propietario de identificar al conductor infractor. Una cuestión realmente delicada, en la que ha terciado incluso el Tribunal Constitucional, y que resulta decisiva por cuanto atiende a la fase inicial del procedimiento sancionador, arriesgando su suerte desde el primer momento. Esta obra analiza el problema y sus principales manifestaciones, y propone algunas posibles soluciones.