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Un estudio sobre la incidencia penal de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.La presente obra analiza uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la denominada Sociedad de la Información. Es evidente, que esta sociedad no podría llamarse así sin la implantación de los modernos sistemas y redes de comunicaciones como Internet; red que requiere de la intervención de determinados sujetos (los proveedores de servicios), para poder funcionar. La intervención de estos sujetos resulta, por tanto, imprescindible para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión e información en la red, pero, en ocasiones, también puede contribuir a que este nuevo medio de comunicación sirva para cometer hechos ilícitos o inclusos delictivos. Aquí es, precisamente, donde se plantea el problema al que el presente trabajo trata de responder. Intenta concretar en qué casos y de qué forma, se podrá llegar a atribuir responsabilidad penal a los diferentes intermediarios de la red por haber contribuido con sus servicios a la producción de hechos delictivos; problema en el que la eterna tensión entre las libertades de expresión e información y la eficacia en la prevención de delitos adquiere una nueva dimensión, y que ha llevado al legislador a aprobar la cuestionada y cuestionable Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, cuya concreta repercusión en el ámbito penal aún está por determinar.