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La vigente Ley Concursal de 9 de julio de 2003 se dictó en un entorno económico completamente distinto al actual, caracterizado por una fuerte y amplia crisis financiera internacional que se ha trasladado a las empresas, y que ha puesto de manifiesto la inadecuación de algunas de sus previsiones. Ello ha hecho imprescindible la adecuación legislativa a la nueva situación, que se ha llevado a cabo con la aprobación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal . Asimismo, mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acomete una nueva reforma de la citada Ley Concursal, junto con las importantes leyes procesales, para lograr la racionalización y optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administración de Justicia, de manera que los Jueces y Magistrados se dediquen a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, descargándoles de todas aquellas tareas no vinculadas a las funciones constitucionales acabadas de señalar, y siendo aquéllas atribuidas a los Secretarios judiciales de modo que no sólo se ocupen de las funciones de impulso formal del procedimiento que hasta ahora tenían encomendadas, sino también otras funciones que les permitan adoptar decisiones en materias colaterales a la función jurisdiccional pero que resultan indispensables para la misma.