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La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE) ha supuesto una verdadera convulsión en el Derecho administrativo contemporáneo, pasando a ocupar un papel absolutamente central en el sistema de fuentes jurídico-administrativas, como viene demostrando la acogida que ha recibido esta obra desde su primera edición. Más aún, la referida Ley ha tenido un enorme impacto tanto en la práctica administrativa diaria como, asimismo, a nivel normativo, de manera que desde su aprobación se han sucedido numerosas disposiciones tanto a nivel estatal como autonómico y local. Entre las primeras destacan especialmente los reales decretos que han aprobado los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, cuya regulación se ha incorporado a esta nueva edición. Entre las segundas cabe resaltar que tres comunidades autónomas ya disponen de una Ley específica en materia de Administración electrónica, si bien son innumerables las disposiciones legales y reglamentarias que, directa o indirectamente, regulan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por las Administraciones autonómicas. Del mismo modo, las entidades locales y, en particular, los municipios han incorporado esta realidad en sus propias ordenanzas, impulsando así un proceso que ya resulta imparable y que está llamado a transformar la Administración pública.
La presente obra ha sido elaborada por un cualificado cuadro de expertos en la materia, y en ella se abordan sus implicaciones jurídicas con claridad y, al mismo tiempo, con todo rigor y exhaustividad. En su configuración se han conciliado los aspectos teóricos y prácticos, resolviendo las dudas de interpretación que suscita un texto tan rico y complejo como esta Ley; en particular, orientando al operador jurídico para que conozca y maneje con solvencia el marco normativo regulador del uso de las tecnologías de la información a la actividad de las Administraciones Públicas y sus relaciones con los ciudadanos. En todo caso, como se indicaba anteriormente, el análisis realizado no se reduce a la Ley 11/2007, sino que se extiende a sus reglamentos de desarrollo y también se acude con frecuencia al Derecho autonómico e, incluso, al local para destacar las principales novedades que se están produciendo en estos ámbitos.