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Esta obra forma parte del Derecho Procesal Civil Europeo. La misma ha sido realizada bajo la dirección del profesor De la Oliva y comprende, en tres volúmenes, el análisis riguroso y pormenorizado de todos los Reglamentos comunitarios y Directivas sobre el proceso civil y sus implicaciones en el sistema procesal español.
Este volumen II, coordinado por la Profesora Calderón, aborda el estudio de la normativa europea en materia de mediación civil y mercantil, justicia gratuita, transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales y obtención de pruebas en ese mismo ámbito. En particular, la obra se hace eco de las reformas procesales en ciernes para implementar en España la mediación, así como de las ya aprobadas para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias sobre justicia gratuita y auxilio judicial. Incluye también oportunas referencias jurisprudenciales, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de los tribunales españoles en su condición de jueces comunitarios. Además, los respectivos capítulos van acompañados de notas de Derecho extranjero (francés e italiano) a cargo de profesores de prestigiosas universidades europeas.
Dirigida a estudiosos del Derecho procesal comunitario y a los operadores jurídicos en general (jueces, fiscales, abogados, procuradores), el estilo de la obra es directo y claro, sin renuncia al rigor científico ni ocultación de los problemas que conlleva la aplicación de los nuevos instrumentos procesales dirigidos a mejorar el acceso a la justicia y la cooperación judicial civil en la Unión Europea.
Para facilitar el estudio y comprensión de las Directivas y Reglamentos, la obra aparece redactada en doble texto: uno principal, centrado en el contenido de la normativa de la Unión, y otro secundario, que contrasta la aplicación en España de las disposiciones comunitarias y la interpretación de los preceptos procesales internos a luz de las exigencias propiamente europeas.
El carácter integral del Derecho Procesal Civil Europeo y su rigor científico erigen esta obra en referente obligado de los estudios de Derecho procesal y de Derecho comunitario. No en vano, cuenta con el aval de la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad) y de reconocidas instituciones internas.