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La comunidad científica ha puesto de relieve la existencia de amenazas globales para el medio ambiente que representan un motivo de preocupación común para la humanidad, incluso en un momento en el que las cuestiones económicas acaparan la mayoría de los espacios informativos. La opinión pública mundial ha ejercido su presión desde hace décadas sobre los gobiernos nacionales con el fin de encontrar una respuesta articulada a nivel global que esté a la altura de la magnitud de los problemas a que se enfrenta el planeta, pero el resultado ha sido hasta ahora tan solo la adopción de una pluralidad de instrumentos convencionales que fragmentan la acción internacional.





Como se estudia detalladamente en esta obra, respecto a la protección de la diversidad biológica, las medidas se centran en la conservación de sus componentes en los lugares de origen, a través del establecimiento de sistemas nacionales de áreas protegidas. La valoración del esfuerzo normativo representado en el Convenio de Río de 1992 ofrece un cuadro de contrastes. Más interesante resulta la aplicación del llamado acuerdo fundamentado previo para el control de la seguridad de las biotecnologías, que deberá aplicarse antes del primer movimiento intencional de un organismo vivo modificado destinado a la introducción en el medio ambiente. Finalmente, acerca del acceso a los recursos genéticos y a la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, el Protocolo de Nagoya constituye sin duda un paso adelante para poner freno a la biopiratería, entendida como la apropiación indebida de recursos genéticos sin la autorización de los países de los cuales proceden, así como de las comunidades indígenas poseedoras.





Sin embargo, a pesar de la existencia de todos estos instrumentos internacionales analizados, queda todavía mucho camino por recorrer en la protección internacional de la diversidad biológica, debido a las reticencias de muchos países industrializados, a la incapacidad de controlar la puesta en práctica de las medidas ya acordadas y a la falta de acuerdo internacional en asuntos clave, como la no obligación de revelar el origen de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales.