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Uno de los principales retos para el Estado de Derecho es la modernización de la Administración de Justicia, en particular por lo que respecta al uso de medios electrónicos. La Ley 18/2011, de 5 de julio, pretende ser el revulsivo con el que lograr ese propósito ya que constituye el marco de referencia para los diversos profesionales, Administraciones Públicas y funcionarios a quienes corresponde un papel protagonista en el diseño y aplicación práctica del nuevo modelo de gestión basado en el uso de la tecnología.
La presente obra aborda el análisis de la regulación legal teniendo en cuenta su carácter transversal y, por tanto, aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo, laboral…– y a colectivos muy diversos de operadores jurídicos. Desde este planteamiento ofrece pautas interpretativas que facilitan su aplicación, así como la resolución de las dudas, problemas y obstáculos que puedan plantearse desde la perspectiva de todos los colectivos afectados. La amplia lista de cualificados autores incorpora expertos investigadores del ámbito universitario pertenecientes a diversos ámbitos académicos -procesalistas, constitucionalistas y administrativistas especializados en el estudio del uso de las tecnologías en el sector público-, representantes de los diferentes estamentos que ocupan un papel protagonista en la aplicación de la Ley –Administraciones, magistratura, secretaría, fiscalía, abogacía, procura, notaría...– Se trata, por tanto, de un enfoque multidisciplinar, que combina el inexcusable rigor doctrinal con una visión práctica de las dificultades, problemas y posibilidades que plantea la Ley, a partir de la experiencia de destacados operadores jurídicos que conocen perfectamente la situación pues son diariamente los verdaderos artífices y protagonistas de la Administración de Justicia.