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La vivienda sometida a un régimen de protección constituye en España la principal respuesta pública ante la problemática en el acceso a un alojamiento por parte de los ciudadanos. Durante décadas, esta tipología de vivienda, en sus diferentes denominaciones y configuraciones legales, ha servido, por una parte, como factor clave en el impulso de la construcción y, por otra, como mecanismo de aportación de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda libre. La finalidad social aparejada a este tipo de actuaciones conlleva la necesidad de delimitar claramente los destinatarios de las mismas, restringiendo su acceso por tanto a aquellos colectivos más sensibles a los cambios económicos y del mercado inmobiliario. Este hecho se puede comprobar claramente en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, en donde la configuración de los denominados grupos preferentes de solicitantes dan cuenta del cambio de rumbo emprendido por las políticas de vivienda en nuestro país. No obstante, no debemos llevarnos a engaño. El hecho de que el otorgamiento de este tipo de viviendas sea en su mayoría en propiedad, lleva necesariamente a plantear si las políticas de vivienda se apoyan únicamente en aquellos ciudadanos que, si bien tienen una capacidad económica limitada, pueden hacer frente al pago de una hipoteca. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, en esta obra se analiza la figura del beneficiario desde sus orígenes hasta su configuración actual, su incidencia, selección y las obligaciones que debe asumir por el hecho de ser adjudicatario. Asimismo, se recogen distintas iniciativas y medidas provenientes de las regulaciones anglosajonas que dan cuenta de que lejos de la idea de vivienda para todos, en realidad debe considerarse que la ayuda en el acceso a un alojamiento debe dirigirse a aquellas personas que verdaderamente necesitan este respaldo público.