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La enseñanza del derecho y el entrenamiento de los abogados son cuestiones que, sorprendentemente, han captado en muy escasa medida la atención de quienes piensan el derecho y la política en el mundo iberoamericano.
Las propuestas de reforma de la justicia dejan de lado la cuestión de la formación profesional concentrándose a menudo sólo en la redacción de constituciones, códigos o leyes o en la redefinición de roles de quienes dirigen las instituciones jurídicas. Los expertos internacionales, los cooperantes o los expertos en derecho que asesoran en estas reformas son por supuesto conscientes de que éstas dependen de que quienes las apliquen, quienes hagan realidad los principios que subyacen en estas propuestas, tengan una formación que los capacite para tal empresa. Los jueces que apliquen las constituciones y códigos, los abogados que los utilicen, los administradores que deben reglamentarlos, traicionarán el espíritu de cualquier reforma si continúan pensando y actuando dentro de los antiguos moldes. La facultad de derecho es el único ámbito que los profesionales del derecho comparten por un tiempo considerable y lo que aprenden y discuten en sus aulas debería ser motivo principal de preocupación.
Esta recopilación de trabajos de profesores de la Yale Law School (YLS) ofrece el ejemplo de una facultad de derecho que toma como uno de los ejes centrales de su actividad la discusión permanente de su propia concepción general de la enseñanza del derecho.