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El divorcio o la separación originan la adopción de una serie de medidas, judiciales o convencionales. Entre ellas, la que debe situar el pago del préstamo hipotecario derivado de la compra de la vivienda familiar a cargo de uno o de ambos cónyuges, extremo éste sobre el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor del pago por mitad, confirmando una de las posiciones que ya era defendida por las Audiencias Provinciales, frente a otra partidaria del pago por uno solo de los esposos o de un reparto desigual. También ha de decidirse sobre el uso de la vivienda familiar, la pensión compensatoria y la pensión alimenticia. En la esfera externa los cambios de deudor requieren consentimiento del acreedor y ha de atenderse a la manera en que se celebró el contrato, sin que puedan alegarse cuestiones derivadas de las relaciones intraconyugales, como quién usa la vivienda o cuánto se paga en concepto de las distintas pensiones. Pero sí puede atenderse a estos datos en la esfera interna; algunas Audiencias Provinciales han señalado la influencia de la atribución del uso de la vivienda en la pensión alimenticia, en la pensión compensatoria y en el pago del préstamo hipotecario, así como la repercusión del pago del préstamo hipotecario en la pensión alimenticia.
Esta obra ofrece una valoración conjunta de las consecuencias económicas de la separación o el divorcio. Cómo pueden combinarse las medidas judiciales o convencionales que han de aplicarse a la crisis matrimonial es tema de interés, tanto en el ámbito teórico como en el de la práctica de los profesionales que han de decidirlas. Una adecuada distinción entre las esferas externa y interna de las relaciones conyugales, junto con ciertos postulados básicos del Derecho de obligaciones y determinadas pautas sobre la sociedad de gananciales, permite una consideración global de la atribución del uso de la vivienda familiar, el pago del préstamo hipotecario y el pago de las pensiones, alimenticia y compensatoria.