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En julio de 2003 se publicó una nueva Ley Concursal, con vocación de solucionar los problemas derivados de la insolvencia del deudor como consecuencia de su actividad económica, Ley que ha entrado en vigor el 1 de septiembre de 2004. La nueva norma, que deroga la anterior Ley de Suspensión de Pagos de 1922, viene a cubrir una laguna que en la realidad práctica existía, dado que los conflictos y situaciones hoy existentes distan mucho de ser equiparables a la actividad empresarial y de comercio que se desarrollaba a principios del pasado siglo. Igualmente, la Ley actual instaura un proceso más ágil y eficaz que flexibiliza la resolución de los litigios en aras de conseguir un más adecuado tratamiento de las crisis económicas patrimoniales.
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