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La actual coyuntura de crisis económica y de reformas legislativas plantea en el ámbito de la contratación pública, la necesidad de contar con instrumentos a través de los cuales se pueda dar cumplimiento a dos objetivos aparentemente contrapuestas: por un lado, la construcción de infraestructuras o gestión de servicios públicos y, por otro, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. La invocación a las técnicas de colaboración público privadas ha sido, en este sentido, una constante en las propuestas generales de solución de la ecuación mencionada. En este trabajo se estudia en profundidad tanto el contenido de la propia categoría general de colaboración público privada, como su desarrollo concreto en el contrato de colaboración previsto en la legislación administrativa española. Esta nueva herramienta, que ha sido intensamente aplicada en el ámbito de la Unión, puede resultar de utilidad, sobretodo en el ámbito sanitario o educativo, al permitir satisfacer las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas. No obstante, con anterioridad resulta imprescindible optar por una reforma legislativa que elimine las trabas formales a las que todavía se enfrenta.
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