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En materia de salud mental se producen importantes conflictos de derechos e intereses en la esfera personal y familiar del enfermo y en la sociedad en su conjunto. Por ello es preciso sopesar qué derechos han de prevalecer en caso de necesidad de adopción de medidas que los limiten.
En el presente estudio se analizan estos conflictos y las respuestas que actualmente ofrece nuestro ordenamiento jurídico sobre la materia, centrándose en la posible implementación de una medida, ya aplicada «de facto» por algunos jueces en España, pero que carece de base legal clara, dando lugar a un importante problema de inseguridad jurídica. Esta medida, que se presenta como necesaria, es el tratamiento ambulatorio de carácter obligatorio. En este marco, el presente estudio lleva a cabo un análisis pormenorizado de algunos procedimientos en los que se puede adoptar medidas al margen del consentimiento de su destinatario, con el fin de extrapolar a dicho tratamiento involuntario los fundamentos por los que el legislador entiende que dichas medidas son necesarias, así como lo referente al modo de intervención de terceros para consentir determinados tratamientos sanitarios, y por supuesto, todo lo referente al tipo de procedimientos en que se precisa la participación del juez como garante de los derechos fundamentales del enfermo.