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¿Puede el Estado adoptar medidas de respuesta a la crisis ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos? ¿Es posible pensar que nuestra sociedad pueda atravesar la crisis y salir de la misma con más igualdad y en un marco de respeto a los derechos humanos? La crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. Desde que comenzó la misma, se están aplicando políticas públicas que mientras aportan astronómicas cantidades de dinero público en auxilio de la banca y para calmar a los mercados, han supuesto dolorosos recortes de los derechos sociales y laborales, especialmente para los colectivos más vulnerables: recortes del gasto público en sanidad y educación, pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, reducción de los fondos destinados a la igualdad de género o a la prevención de la pobreza y la exclusión social, etc. ¿Son acaso estos derechos un lujo que la ciudadanía solamente puede ejercitar en épocas de bonanza económica? Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas, incluidas las legislativas, administrativas y financieras, que permitan a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción disfrutar de ellos. Las normas internacionales de derechos humanos no regulan de forma expresa cómo deben diseñarse o aplicarse las políticas públicas, pero determinan qué elementos deben asegurarse para garantizar que aquellas sean compatibles con las obligaciones respectivas en materia de derechos humanos y ofrecen, además, un marco jurídico definido para la formulación y ejecución de todas ellas, incluidas la económica y la fiscal.