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Los juicios verbales de desahucio resultan de la máxima actualidad social y jurídica. Pese a que, erróneamente, el término desahucio aparece ligado en los medios de comunicación a las ejecuciones hipotecarias, en esta obra se estudian los tres juicios verbales de desahucio regulados en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, habitualmente vinculados a un contrato de arrendamiento.
La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda, significa, en materia procesal, la mejora de la técnica monitoria en el juicio verbal de desahucio por falta de pago. Entre las novedades procesales de la Ley 4/2013, destaca, con notorio protagonismo del juicio verbal de desahucio por falta de pago, el escrito de oposición y personación del demandado al requerimiento de pago, que funciona como una suerte de contestación previa y escrita a la demanda, la determinación del contenido dispositivo del decreto del Secretario judicial que da por terminado el procedimiento en caso de silencio del demandado -olvidado por el legislador de la Ley 37/2011-: la resolución del contrato de arrendamiento por coincidencia de consentimientos, la condena al pago de las rentas debidas, a las cantidades futuras y a las costas. Se concreta también el modo de la notificación del requerimiento de pago al demandado, la diligencia de ordenación que se dicta en caso de oposición y, finalmente, un doble señalamiento de lanzamiento, sin o con oposición.
Esta obra estudia a fondo las seis reformas procesales operadas en materia de juicios de desahucio desde 1994 a 2013. Una normativa dispersa que exige, al fin, una regulación formalmente especial y definitiva. Igualmente, se analiza el juicio verbal puro o tipo, procedimiento rápido, oral y concentrado en el que se basan inicialmente los tres juicios de desahucio.
Esta segunda edición de "Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio", renovada con nuevos capítulos y modificación a fondo de otros, no solo incorpora las modificaciones legales aparecidas hasta hoy, sino también la experiencia práctica del autor ante los juzgados y tribunales, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.