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La Unión Europea tiene su propio modelo de protección de los derechos fundamentales articulado esencialmente en torno a la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia y a la Carta de los Derechos Fundamentales. No obstante, desde la década de los años setenta se pretende completar dicho modelo sometiendo a todas las instituciones de la Unión Europea a un control externo en materia de derechos fundamentales. La adhesión de la Unión Europea al Convenio de Roma de 1950 y el sometimiento de todos sus poderes públicos al escrutinio del Tribunal de Estrasburgo son metas que pueden conseguirse tras la última reforma del Derecho originario operada por el Tratado de Lisboa. Sin embargo, la primera ocasión en que la Unión Europea se ha convertido en parte de un tratado internacional destinado a la protección de los derechos humanos ha llegado de la mano de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada en 2006. Esta obra pretende reflexionar acerca de la posible competencia de la Unión Europea para celebrar nuevos tratados internacionales en el campo de la protección de los derechos humanos. Del mismo modo, formula un esquema de análisis para la recepción, posición y eficacia de ambos tratados internacionales en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, así como de las principales transformaciones que su conclusión puede acarrear a dicho ordenamiento.