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Tras la gran crisis, los recortes y las políticas de austeridad, así como la devaluación interna de activos físicos y financieros en países de la Eurozona como Irlanda o España, han atraído a los fondos buitre, que hacen pingües negocios con paquetes inmobiliarios de bancos, de la Sareb o hasta con las viviendas sociales. Y, sobre todo, aplican su larga experiencia en la especulación con la deuda pública de los países donde se imponen sobre su soberanía nacional. Es el capitalismo depredador que se encarna en un tipo de fondos inversores de los que se habla cada vez más pero que apenas se conocen.
El experto analista en asuntos político-financieros Juan Hdez. Vigueras, autor, entre otros libros, de El casino que nos gobierna (3ª edición), desgrana en este libro lo que son estos fondos de inversión especializados en expoliar las economías agobiadas por el endeudamiento exterior. Mediante la compra de grandes carteras de deuda con problemas de cobro, buscan obtener la máxima rentabilidad mediante litigios o forzando sin escrúpulos las situaciones del deudor. Del mismo modo que el buitre se aproxima a su presa, sobrevolando en círculos hasta lanzarse en picado sobre ella cuando agotada ya no tiene escape, estos buitres financieros encuentran un nicho rentable de mercado en la deuda soberana; y cuando el endeudamiento es insostenible para los países y se plantean cómo reestructurar su deuda, aparecen estos fondos que han comprado bonos soberanos a precios irrisorios, para luego reclamar su importe nominal íntegro en litigios internacionales, que se interponen principalmente en Nueva York y Londres.
Este libro nos descubre cómo desde Argentina hasta Grecia, pasando por los países pobres muy endeudados (PPME), particularmente africanos, los litigios y la presión legal de los fondos buitre son un ingrediente estándar de las crisis de los países sobreendeudados. Y nos revela y denuncia el peso de estos grupos financieros sobre el orden jurídico sesgado que rige el endeudamiento externo de los países, sobre el que recientemente la Asamblea General de la ONU pedía una regulación multilateral.