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Pleitos tengas y los ganes, rezaba el refranero. Y uno de los significados de esta maldición, además de otros, bien podía referirse a las dificultades de quien vencía en juicio para llevar a efecto lo acordado en sentencia. Con frecuencia, una vez ganado un pleito, el actor iniciaba un lento y penoso camino para lograr acomodar la realidad al derecho declarado en sentencia; muchas veces, sin conseguirlo. Y aunque ningún proceso de ejecución pueda obtener dinero donde no lo hay, buena parte de los fracasos a la hora de hacer ejecutar lo juzgado provenían de la deficiente regulación legal de la ejecución forzosa.
La auténtica tutela judicial pasa por ser efectiva, como consagra el artículo 24.1 de la Constitución y, sin embargo, hasta el inicio del siglo XXI la ejecución ha tenido un papel secundario en el Derecho Procesal. El proceso de ejecución ha sido poco estudiado durante la carrera, no muy tratado por la doctrina y casi siempre relegado a un segundo plano en los Juzgados. A veces podemos pensar que lo único importante es el proceso declarativo y no obstante, la realidad pone de relieve que en absoluto esa idea es acertada. Porque en suma, y como ha declarado hasta la saciedad el Tribunal Constitucional, el derecho a la ejecución se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esto es, sin la completa satisfacción del ejecutante, la tutela judicial fracasa, no es real ni verdadera.
Conscientes de la deficiente realidad, los autores de la LEC 1/2000, de 7 de enero, cambiaron radicalmente la normativa del proceso de ejecución. Ya han transcurrido quince años de vigencia de la LEC y es buen momento para valorar si los cambios introducidos por su Libro III han conseguido mejorar la ejecución forzosa. Aunque las estadísticas judiciales no nos ayudan a conocer de manera medianamente fiable lo que sucede en los tribunales civiles españoles en materia de ejecución, al menos podemos abordar el estudio de su regulación y la aplicación que de tales normas están llevando a cabo los tribunales. Sobre muchas de estas cuestiones no existe pronunciamiento alguno del Tribunal Supremo y apenas existe jurisprudencia de las Audiencias Provinciales. No obstante, hay otros muchos aspectos de la regulación de la ejecución de los que sí sabemos qué dudas han planteado y cómo están siendo solventadas, y a exponer esa realidad se dirige esta obra. En ella encontrarán los profesionales que se acerquen a la ejecución civil no sólo una exposición sistemática de la regulación actual, sino también una recopilación de las cuestiones sobre las que ha habido controversia en los tribunales y la forma en que han sido abordadas, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Incluso en aquellos casos donde no existe noticia de esa respuesta judicial, se analizan las opciones posibles y se escoge la que se considera más acertada.