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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Consejero Permanente de Estado y Presidente Emérito del Tribunal Constitucional, recuerda en el prólogo de la presente obra que «los derechos sociales son una de las bases del Estado Social que consagra nuestra Constitución». A lo largo de los capítulos, se trata de analizar, desde una perspectiva jurídica, el tratamiento que tuvieron las materias sociales en las diversas constituciones históricas españolas que, a lo largo del siglo XIX, estuvieron vigentes (caso, por ejemplo, de las de 1837, 1845, 1869 o 1876) o llegaron a ser proyecto (caso, por ejemplo, de la nunca aprobada de la I República, de 1873). Concretamente, se indagan los motivos por los que, como ocurrió durante el reinado de Isabel II, el constitucionalismo olvidó esas materias, para preocuparse por otras (como la generalización del derecho de propiedad), a las que se dio prioridad, o se analiza el desarrollo de la normativa social durante el Sexenio Revolucionario y el origen de la legislación laboral en la I República y durante el régimen de la Restauración, sobre todo a partir de la gran reforma de 19