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El progresivo incremento de las personas que deciden unirse mediante el fenómeno de las uniones no matrimoniales constituye una constante en todas las capas sociales y ámbitos geográficos. Durante la vigencia de la relación de pareja, por lo general no existirán discrepancias de carácter económico entre sus miembros, si bien en el momento de la ruptura serán, por el contrario, muy frecuentes. En este sentido, una de las cuestiones que más interés suscita entre los que fueron integrantes de la misma son las posibles pensiones y/o compensaciones que se tendrán que abonar por parte de uno de los convivientes al otro.





Lo habitual entre los compañeros es la ausencia de pactos que disciplinen, entre otras materias, las consecuencias económicas derivadas de la ruptura. Sin embargo, es la solución idónea, por sus inestimables ventajas, para regular las eventuales pensiones y/o compensaciones; no obstante, tales acuerdos deberán cumplir ciertos presupuestos, a los que hacemos alusión en la presente obra.


La problemática de las prestaciones económicas consecuencia de la ruptura de las parejas no casadas se encuentra caracterizada, entre otras, por dos grandes particularidades. Por un lado, una notable diversidad de criterios de resolución establecidos tanto a nivel estatal -por vía jurisprudencial- como autonómico -por las diferentes Leyes de pareja-. Criterios que, en todo caso, en el presente estudio se examinan en su totalidad y de manera exhaustiva. Por otro, la importante inseguridad jurídica y confusión, si bien el autor acomete la encomiable tarea de clarificación conceptual y jurídica en un ámbito tan necesitado de las mismas.





En definitiva, la monografía que el lector tiene ante sí constituye una obra de ineludible referencia pues resulta un extraordinario y riguroso examen, completo e independiente, de todos los instrumentos jurídicos que, tanto a nivel estatal como autonómico, existen para poder fundamentar la reclamación de pensiones y compensaciones consecuencia de la ruptura de la pareja no casada, analizando, para ello, toda la legislación -estatal y autonómica-, jurisprudencia y doctrina existentes al respecto.